Enrique M. Del Percio
Al acuñar un concepto nuevo con resabios de concepciones anteriores resulta indispensable alertar acerca de lo que éste no significa: no se entiende por seguridad sustentable ni la mera represión, ni la prevención inmediata del delito. Apunta sí a la indagación acerca de los factores sociales, políticos, jurídicos y culturales que garantizan o, en su caso, amenazan- la vigencia de la paz social. En tal sentido, este nuevo concepto guarda un estrecho parentesco con el de paz, entendida como la "tranquilidad en el orden", siendo en este marco el "orden" el fruto de la justicia.
Por cierto, la actual demanda ciudadana en torno a la seguridad está referida prioritariamente a la disminución del delito, principalmente contra la integridad física y la propiedad. Naturalmente, urge dar pronta respuesta a esta demanda. Pero también se impone un accionar responsable por parte de los distintos actores políticos y sociales en orden a la erradicación de las causas que generan un marco propicio para el incremento de la delictividad.
Este "accionar responsable" hace referencia a una esfera de actividades en la que los resultados no siempre se pueden ver en el corto plazo, e incluso, a veces implica la asunción de estrategias indirectas de largo aliento para abordar problemas cuya resolución específica está más allá de la voluntad de los partícipes de ese proceso.
Para decirlo gráficamente, si bien es empíricamente demostrable aquella vieja afirmación según la cual "cuando los templos y las escuelas están llenas, las cárceles están vacías", la posibilidad de "llenar" templos y escuelas no está en las manos de nadie (y además no está mal que así sea).
Pero se requiere una adecuada comprensión de las causas y factores que llevan a las sociedades contemporáneas a la actual situación, con todas sus ventajas y desventajas.
Afortunadamente, se ha ido gestando un importante consenso en torno a la aceptación de la inseguridad como un fenómeno que responde a múltiples causas: el incremento de la marginalidad, la pobreza y el hacinamiento; la drogadicción y sus efectos en el accionar de los criminales; las nuevas técnicas incorporadas en el accionar criminal; los efectos de la globalización en la vida cotidiana y laboral de la población; la creciente disgregación de la familia; la falta de un serio abordaje de la problemática de la minoridad; la existencia de falencias en el sistema educativo; el debilitamiento del principio de autoridad; la existencia de falta de confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, la inexistencia de una adecuada red de contención social; la inexistencia de confianza y de una adecuada comunicación entre la ciudadanía y la policía; la existencia de una crisis de valores o carencia de valores en la sociedad (1) , son algunos de los factores usualmente mencionados como agentes etiológicos de la inseguridad.
Tal cantidad de elementos puede derivar en una parálisis motivada por la imposibilidad tanto de la comprensión de los mismos como de las medidas tendientes a darles respuesta. Por eso es importante sistematizarlos, tratando de ver cuáles son los aspectos causales y cuáles los resultantes. En otros términos: no cabe duda de que cualquier política coherente de seguridad que se encare debe tener esto muy en cuenta; todos sabemos que para atacar las manifestaciones más violentas del fenómeno de la inseguridad en forma inmediata, se deben contratar más agentes policiales, pagarles y capacitarlos mejor y construir más cárceles, lo cual por cierto no es gratuito sino que demandaría un importante sacrificio fiscal.
Al mismo tiempo, también es sabido que el reclamo de soluciones de urgencia corre el riesgo de caer en un mero reclamo de mayor represión desplazando la posibilidad de pensar en otras políticas, tales como las que pueden incidir en la disminución del ingreso de grupos en riesgo en la actividad delictiva.
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