Pacto Fiscal más de 2 Años ¿CUÁNTO COSTÓ NO HACER NADA?

¿Los instrumentos de implementación de la política de diálogo del pacto fiscal contribuyeron al proceso de autonomía?

Higueras Saavedra M. 

Introducción:

En un sistema de administración de Estado Plurinacional con autonomías que se lleva en Bolivia, se evidencian frecuentes conflictos de operatividad de las políticas públicas (planes, programas, proyectos), limitaciones en la gestión pública por la poca claridad que establece la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) en el sistema competencial que asigna responsabilidades a los gobiernos departamentales, pero cuya administración económica financiera se ejerce desde el gobierno central, ya que los gobiernos departamentales no tienen autonomía plena para decidir la distribución de sus recursos.

Siendo estas las condiciones de gobernanza adversas a la consolidación de un Gobierno Departamental Autónomo, que retrasan el desarrollo local, la implementación del pacto fiscal fue una esperanza para avanzar en el proceso de mayor autonomía del gobierno departamental y de mejor distribución de los ingresos captados por el Tesoro General de la Nación (TGN), pero concluido el proceso de diálogo del pacto fiscal en Chuquisaca, uno se queda con interrogantes de cuán provechoso fue este proceso para el departamento y sus aspiraciones de autonomía y de desarrollo local, sobre la adecuación o pertinencia de los instrumentos de implementación del pacto fiscal con sus objetivos y con los objetivos departamentales, en torno a los factores que condicionaron la participación de la sociedad civil en el diálogo y finalmente en cuanto al aprendizaje que se pueda rescatar de esta experiencia para futuras participaciones de implementación de políticas públicas.

El espacio de la política pública del pacto fiscal viendo entre el número de agencias y el número de programas es simple, porque intervienen solo una agencia departamental y un programa de implementación del pacto fiscal; sin embargo, analizando la dimensión sectorial de participantes de la sociedad civil y de la sociedad política es amplia, al igual que los instrumentos técnicos manejados para la comprensión del tema fiscal y posterior concertación, aspectos que definen el espacio complejo y amplio  de la política pública del pacto fiscal.

 Algunas percepciones

Hay baja coherencia entre medios y fines en la implementación del pacto fiscal en el departamento de Chuquisaca, porque mientras por un lado los instrumentos sustantivos a nivel normativo definen el pacto fiscal como un proceso de concertación, de acuerdo, entre los niveles de gobierno central y departamental, con participación ciudadana, a nivel de los instrumentos procedimentales, tales como la definición de la metodología y la agenda de participación limitan la participación ciudadana y no se orientan a concertar un acuerdo de distribución equitativa de los recursos fiscales, por lo que el pacto fiscal no contribuye a las aspiraciones de consolidar la autonomía departamental.

Hay poca consistencia interna entre los instrumentos sustantivos, por cuanto la misma normativa (autoridad) que define el pacto fiscal como diálogo y concertación de una distribución de buen uso de los recursos fiscales con participación ciudadana, pero luego los instrumentos de organización terminan aprobando una metodología y una agenda que restringe la participación ciudadana, y hay inconsistencia entre los instrumentos sustantivos y los instrumentos procedimentales, por cuanto los aspectos sustantivos esenciales del pacto fiscal en lo operativo son contradictorios, como en el caso de la participación, los recursos de tesoro limitados y la falta de logro de los objetivos del pacto fiscal y del proceso autonómico departamental.

Los factores de participación no fueron favorables para una participación de calidad de los actores de la sociedad civil, pese a que existen factores de existencia y funcionalidad favorables a una buena participación de las instancias de la sociedad civil, como la disposición y capacidad de participación y proposición como lo muestran las propuestas realizadas por algunas instancias de las sociedad civil, sin embargo, esta participación no fue de calidad porque se encontraron con limitaciones en cuanto a la pertinencia del diálogo. “no hay intención de implementar las autonomías, pero tampoco desde el nivel central”.

Comentarios a los acuerdos resultado del Pacto Fiscal

MANDATOS Y ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO En el marco del Proceso de Diálogo del Pacto Fiscal, a continuación se enlistan las alternativas de financiamiento relacionadas al debate generado en la Etapa 5 – Análisis de las fuentes de recursos públicos	COMENTARIOS
1) Los resultados de la Etapa 5 – Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos son de aplicación gradual y progresiva, con base en los avances de las Comisiones Técnicas.	Los "RESULTADOS" de la Etapa 5, fruto de la metodología son demandas y problemáticas o ideas de proyectos mal planteados por los departamentos.
2) Análisis de la distribución competencial y las responsabilidades derivadas de éstas, en diferentes materias donde no existe claridad suficiente, en especial compartidas y concurrentes (Ejemplo: Salud, transporte, coincidente con los resultados de la Etapa 4).	Dejaron la tarea de "ANÁLISIS" al nivel central. No las aclararon ni las definieron como estaba previsto.
3) Establecimiento de mecanismos de articulación entre las agendas productivas y sociales de la Etapa 3, la agenda de cambios normativos e institucionales establecidos en la Etapa 4 y el debate de la Etapa 5 de Análisis de las Fuentes de Recursos Públicos.	Hace 50 años o más que las ahora ETAS no logran "ARTICULACIÓN ENTRE LAS AGENDAS PRODUCTIVAS", quedaron en dar la receta con mecanismos.
4) Análisis de la sostenibilidad de los programas nacionales de inversión destinados a la reducción de la pobreza (Ejemplo: Bolivia Cambia, Mi Agua, Mi Riego, Vivienda, Fondo de Desarrollo Indígena-FDI), en concertación con las entidades territoriales autónomas, ETA.	Las Entidades Territoriales Autónomas  ANALIZARAN los programas del nivel central del estado y su SOSTENIBILIDAD. Se olvidaron de las competencias exclusivas de los ETAs.
5) Establecimiento de una política estatal destinada al desarrollo de áreas urbanas, ciudades y metrópolis, a través de fondos financieros, fideicomisos, acceso a crédito y donaciones, entre otros mecanismos.	Ninguna novedad es lo que se hace actualmente y las ETAs tienen mayores competencias exclusivas. Mayor tendencia a centralismo.
6) Agilización de los Consejos de Coordinación Sectorial establecidos como resultado de la Etapa 4 – Asignación e Inversión Efectiva de Recursos.	En la época de corporaciones, prefecturas en el caso de los departamentos y actualmente hay consejos sectoriales insulsos. Distracción administrativa centralista.
7) Generar mecanismos para el establecimiento de asociaciones público-privadas para la implementación de emprendimientos productivos entre los distintos niveles de Gobierno y el sector privado.	¿...? Es competencia exclusiva de los ETAS los acuerdos intergubernamentativos y con privados actualmente.
8) Establecer una asignación porcentual progresiva y administrada por los diferentes niveles de Gobierno para destinar recursos a la niñez, adolescencia y mujer, con el fin de construir, priorizando a la mujer y a la adolescencia y niñez para reducir las brechas de desigualdad y asimetrías.	Es un acierto en el nivel de presupuestos diferenciados, como se lo plantea continua fortaleciendo un nivel paternalista de decisiones del nivel central para los ETAs.
9) Establecer una asignación porcentual de los beneficios de los recursos naturales para las autonomías indígena originario campesinas, con el fin de reducir brechas de desigualdad.	Profundización de RENTISMO y clientelismo ahora en el nivel indígena originario sobreponiéndose a la autodeterminación, autonomía y procedimientos propios
10) En el caso de las autonomías indígena originario campesinas, asignar las regalías como establecen los artículos 276 y 353 de la CPE. CNA/Resolución N° 009/2017	¿...? denota que el nivel central no cumple las normativas de asignación de presupuestos provenientes de la explotación.
11) En el caso de la Autonomía Regional, acceso a los créditos y empréstitos internos y externos, así como el análisis de la factibilidad de contar con dominios tributarios regionales.	Se trata de una competencia establecida en la Constitución Política del Estado para las autonomías regionales.
12) Analizar la posibilidad de participación de las entidades territoriales autónomas en proyectos de inversión estratégica del nivel central del Estado.	Posicionamiento centralista cuando quieren "ANALIZAR LA POSIBILIDAD" de proyectos de impacto establecidos en la Constitución Política del Estado como régimen de competencias.
13) Tasas y contribuciones especiales en las entidades territoriales autónomas, a partir del establecimiento de una mesa técnica de análisis.	Exigen a los ETAs a creación de nuevos impuestos. En el nivel de tasas y contribuciones.
14) Establecimiento de espacios de coordinación intergubernamentales para la participación de los gobiernos autónomos departamentales en el control y fiscalización de recursos naturales relacionados a la minería y forestales (la especificidad de las materias requiere de espacios de coordinación).	Las normativas de desarrollo de la Constitución Política del Estado establecen un sin fin espacios de "COORDINACIÓN INTERGUBERNAMENTALES" que sus acciones hasta la actualidad han sido insulsos en decisiones de minería y forestales. ¿Para qué más?
15) Analizar en una mesa técnica la modificación del Art. 10 de la Ley N° 3302 y su viabilidad para la transferencia al nivel central del Estado del costo del Bono de Vacunación y del prediario de los privados de libertad sin sentencia.	Una acción que no requería estar en un acuerdo de "PACTO FISCAL".
16) Coordinar acciones entre el nivel central del Estado y las ETA destinadas a ampliar la base tributaria, disminuir los niveles de morosidad mediante la generación de propuestas normativas que mejoren las recaudaciones y hacer más eficiente la administración de la política fiscal.	Más impuestos para la población al "AMPLIAR LA BASE TRIBUTARIA", además para una política fiscal centralizada.
17) Inversión prioritaria de recursos del Fondo Indígena en programas y proyectos de las entidades territoriales autónomas, incluyendo aquellos destinados al fortalecimiento de la economía comunitaria, para lo cual se requiere coordinación con las autoridades competentes, priorizando a las autonomías indígena originario campesinas.	"INVERSIÓN PRIORITARIA", antes de reingeniería del sistema de fondo indígena por los niveles de corrupción. Aquí se asume como proyecto cuando el ejecutivo nacional y lo implementó.
18) Análisis de la factibilidad y las condiciones de los cambios en los criterios de distribución de los recursos de Coparticipación Tributaria. 19) Analizar en una comisión técnica la viabilidad de la transferencia a los Gobiernos Autónomos Departamentales del dominio tributario del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), el Impuesto al Juego (IJ), el Impuesto de Participación al Juego (IPJ) y los impuestos a la afectación medioambiental por las actividades hidrocarburíferas, mineras y de electricidad.	En un Estado con Modelo de régimen desconcentrado y descentralizado  apenas se plantearon "ANÁLISIS DE LA FACTIBILIDAD Y LAS CONDICIONES DE LOS CAMBIOS EN LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA".
20) Reducir la condicionalidad del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), a partir del establecimiento de una mesa técnica para analizar su factibilidad.	Rentismo y clientelismo para los ETAs desde el nivel central del Estado. ¿Donde quedo la economía mixta? o la diversificación.
21) Análisis de la factibilidad del fortalecimiento de los sistemas de las administraciones tributarias departamentales y municipales para que presten servicios de recaudación a otros niveles de gobierno de su jurisdicción.	Competencias exclusivas de los ETAs intervenidos por el nivel central.
22) Constituir Fondos con Directorios intergubernativos (productivos, sociales, compensatorios de igualdad, creación de empresas), los cuales estén destinados a la CNA/Resolución N° 009/2017 disminución de brechas de desigualdad y asimetrías territoriales, el apoyo a las iniciativas productivas y empresas públicas de éstas, entre otros que se definan; los criterios de distribución de los recursos de estos fondos deberán ser diferenciados, de acuerdo a las características de los niveles de gobierno.	Competencias exclusivas de los ETAs intervenidos por el nivel central.
23) Promover la creación de empresas públicas subnacionales y OECAS y OECOMS, a partir de fondos específicos.	¿Novedad?
24) Análisis de la factibilidad del establecimiento de incentivos a la eficiencia tributaria de las entidades territoriales autónomas.	Las ETAs asumidas como concursantes de recaudación tributaria?
25) Análisis de la factibilidad financiera y legal para la distribución de recursos departamentales a los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos.	Acertado planteamiento las gobernaciones no tienen razones de inversión no funciona la coordinación intergubernamentalita expresada en normativas.
PUNTOS EN DISENSO
1) Los Gobiernos Autónomos Departamentales de Santa Cruz y La Paz plantean analizar el hecho que en 10 años las Gobernaciones tienen una disminución de recursos por leyes y decretos que dificultan el cumplimiento del ejercicio de sus competencias y atribuciones asignadas en la Constitución Política del Estado y las transferidas en este periodo. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no está de acuerdo con el punto, debido a que considera que las entidades territoriales autónomas cuentan con recursos suficientes.
2) Se recuperan los disensos generados en la Etapa 4 – Asignación e Inversión Efectiva, en base a los documentos generados en la Comisión Técnica del Pacto Fiscal.

¿Quiénes aprobaron los acuerdos?