11.26.2013

Ecuador condena a Chevron a pagar multa millonaria por contaminación


Veinte meses después de que la petrolera Chevron interpusiera un recurso de casación contra la sentencia emitida por un tribunal provincial de Ecuador en 2011 que condenaba a la compañía estadounidense a indemnizar con 19.000 millones de dólares a los habitantes del cantón de Lago Agrio, en la Amazonia ecuatoriana, la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la máxima instancia judicial del país sudamericano, ha ratificado el fallo pero ha rebajado a 8.646 millones de dólares (6.500 millones de euros) la sanción económica. La resolución, sin embargo, es solo un punto y seguido en un proceso que dura ya dos décadas ya que un tribunal de Nueva York dirime estos días si la condena inicial fue dictada de manera fraudulenta, como reclama la multinacional. 

"Estamos felices por la sentencia que tenemos, es un gran paso, es una muestra que la justicia sí funciona y que los pobres también tenemos derecho a la justicia", ha reconocido el representante de los demandados, Pablo Fajardo. La opinión no ha sido recibida del mismo modo por Chevron. "La sentencia de Lago Agrio es tan ilegítima e inejecutable hoy como el día que fue emitida originalmente hace casi tres años. La única decisión judicial adecuada que la Corte Nacional de Justicia pudo haber tomado sobre el recurso de casación presentado por Chevron hubiese sido declarar como nulo el absurdo proceso de Lago Agrio y dejar totalmente sin efecto la ilegítima sentencia", ha indicado a este diario Jim Craig, asesor de la petrolera para África y América Latina. 

En 2011, el juez Nicolás Zambrano impuso la condena más dura hasta la fecha contra una petrolera por un delito ecológico, condenándola a pagar una indemnización de 19.000 millones de dólares por haber contaminado las aguas de la región entre 1964 y 1992 con sus prácticas extractivas. La sentencia estableció la pena inicial en 9.500 millones de dólares pero exigía además la petición de perdón público a los 30.000 demandantes indígenas, un incumplimiento que implicaba que se duplicara el montante económico de la sanción. En su resolución de este martes, la CNJ ha reconocido que no procedían las disculpas públicas y por ello ha rebajado el castigo. 

La compañía no sólo no pidió perdón, sino que en interpuso un recurso de casación ante la CNJ alegando que la compañía había invertido 40 millones de dólares para acometer tareas de limpieza y retirada de productos tóxicos y que había quedado exonerada de cualquier responsabilidad debido a un acuerdo que firmó en 1998 el Gobierno ecuatoriano con Texaco -que luego fue absorbida por Chevron- que le dispensaba de cualquier obligación de carácter medioambiental. 

Mientras durante este período los afectados por la contaminación, que se ha cobrado un millar de vidas segadas por enfermedades derivadas de los vertidos que Texaco -muchos indígenas y agricultores siguen afectados por secuelas- emitió durante las prácticas extractivas que desarrolló en la región entre 1964 y 1992, reclamaban de la justicia ecuatoriana celeridad para poder ejecutar la sentencia millonaria, Chevron iniciaba una serie de procesos internacionales para garantizar la nulidad del fallo y la suspensión de la ejecución de la sentencia. 

El último comenzó el 15 de octubre en un tribunal de Nueva York. Chevron quiere que el magistrado resuelva que la sentencia de 2011 fue fraudulenta y que el abogado defensor falseó informes medioambientales y sobornó al juez que la dictó. La decisión que adopte el juzgado neoyorquino puede influir sobre otros tribunales extranjeros -en Canadá, Brasil y Argentina- ante los que los demandantes han pedido que se ejecute la resolución multimillonaria ecuatoriana, dado que como Chevron no tiene ya presencia en Ecuador no tiene activos que puedan ser embargados para proceder al cobro de la indemnización. 

Hasta ahora, las resoluciones de los tribunales internacionales ante los que ha apelado Chevron han sido favorables a la compañía. En febrero de este año la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra de Ecuador por no impedir la ejecución de la sentencia contra la petrolera en aquellos países donde los demandantes habían pedido que se lleve a efecto, mientras estaba pendiente de resolución el recurso de casación. En septiembre, otro laudo parcial del Tribunal de Arbitraje de La Haya concluyó que, de acuerdo con los acuerdos firmados entre Texaco y el Gobierno de Ecuador en los 90, la empresa y sus filiales no podían ser objeto de una demanda colectiva en el país o por terceros. 

El Tribunal Superior de Ontario desestimó la solicitud de los demandantes alegando que Chevron Canadá no está directamente controlada por Chevron Corporation; el recurso presentado en Brasil sigue pendiente de resolución y en el caso de Argentina, aunque en noviembre de 2012 se emitió una orden de embargo de los activos de Chevron en ese país, el pasado 4 de junio la Corte Superior dedel país suspendió la decisión argumentando que Chevron Argentina no formó parte del proceso que se desarrolló en Ecuador. 

Hasta ahora, el proceso abierto en la CNJ eximía a Chevron de cumplir la sentencia millonaria. Tras la decisión de la Corte el fallo ya es firme y allanará el camino a los demandantes para que la puedan ejecutar en aquellos tribunales internacionales donde han presentado acciones de cobro. La petrolera, sin embargo, está peleando la nulidad del fallo en Nueva York, en un proceso cuya resolución se espera en las próximas semanas. 

Fuente: http://www.datos-bo.com/Mundo/Actualidad/Ecuador-condena-a-Chevron-a-pagar-multa-millonaria-por-contaminacion

9.12.2013

YPFB plantea diferir pago de IDH y regalías de 3 a 5 años

Aprobación. La FAM aceptó la propuesta mediante resolución

La Razón / Jimena Paredes / La Paz 02:36 / 10 de septiembre de 2013 

YPFB planteó ayer la postergación del pago del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y regalías a las gobernaciones y municipios de tres a cinco años respecto de aquellos nuevos campos que entren en operación con los futuros descubrimientos. La propuesta fue hecha ayer por el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ante el directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) en la Alcaldía de La Paz. 

Les indicó que este planteamiento forma parte de los cuatro incentivos que tiene el Gobierno para la exploración y búsqueda de nuevas reservas de gas natural. “Se sugiere que los tres primeros años los municipios y gobernaciones no perciban ingresos, pero eso no quiere decir que no van a percibir nunca más esos ingresos. Lo que quiere decir es que a partir del cuarto año todos los ingresos que no recibieron las tres primeras gestiones van a percibir por los próximos diez años en montos idénticos cada año, más los ingresos que van a obtener normalmente por los que se producen en ese campo”, explicó Villegas. Sostuvo que para los campos gasíferos que actualmente están en producción no habrá ninguna alteración en los ingresos y que la propuesta será sólo para los nuevos, con el objetivo de reponer las reservas probadas de gas natural que hoy llegan a 11,26 Trillones de Pies Cúbicos (TCF por sus siglas en inglés). 

Aclaró que esta postergación se dará sólo cuando la producción de un determinado campo entre al mercado y se obtengan ingresos por la explotación, y que los recursos diferidos serán reinvertidos en proyectos de exploración y explotación hidrocarburífera, con el propósito de reponer las reservas consumidas. Los otros tres incentivos están referidos a los contratos de operación o Sociedad Anónima Mixta (SAM), la Retribución a la Producción de Condensado, y la Asignación de Mercados, señaló Villegas, y añadió que estos alicientes serán no sólo para las empresas privadas sino para las de YPFB. El presidente de YPFB indicó que si no habría nuevas exploraciones, las reservas gasíferas que se tienen hoy en día sólo aguantarían hasta 2025, por lo que la producción declinaría y los recursos de IDH y regalías también tenderían a caer y por ende los departamento obtendrían menos ingresos. Norma. Villegas añadió que una vez sea aprobado el diferimiento para el pago del IDH y regalías por las gobernaciones y municipios se enviará a la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley. “Por ejemplo si se aprueba en 2014, a partir de 2021 se empezaría con el diferimiento y se aseguraría la devolución a través de la promulgación de una ley”, aseguró el ejecutivo. 

El presidente de YPFB explicó que cuando se realiza una actividad exploratoria se hace geología de superficie, se perfora el pozo y ese proceso demora como tres años y medio, y una vez descubierta la reserva se desarrolla el campo, lo que implica construir gasoductos o los oleoductos para trasladar el gas o el petróleo. Además, acotó, se debe construir plantas de procesamiento, y toda esa fase demora al menos siete años. Esta explicación fue hecha a 20 de las 32 personas que forman parte del directorio de la FAM-Bolivia, que a través de la Resolución 010/2013 resolvió declarar su conformidad con la propuesta presentada por la petrolera estatal. El presidente de la FAM-Bolivia, Juan Carlos León, indicó a este medio que este planteamiento ya les fue explicado anteriormente, pero que ahora se lo formalizó por lo que será socializado en los municipios de todo el país y con las organizaciones sociales.

“Sí, hemos visto la propuesta de hace tiempo y en algunos casos como directiva hemos estado analizando y discutiendo y lo hemos visto de manera saludable, viendo el futuro del país, pero además son pozos que no están produciendo y tal vez no se encuentra nada, entonces estamos hablando todavía de los que no existen”, manifestó el ejecutivo. Un comunicado oficial de la FAM-Bolivia señala que las Asociaciones Departamentales de Municipios (Amdes) deberán coadyuvar con los técnicos de YPFB Corporación a efectos de la socialización de esta propuesta con los diferentes municipios del país. Hay 104 áreas reservadas para explorar De las 104 áreas reservadas a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para exploración, 53 están orientadas a la búsqueda de gas, petróleo y condensado. De éstas, algunas tienen contratos y otras convenios, y 51 áreas están libres aún.

Así lo hizo conocer ayer el presidente de YPFB, Carlos Villegas, durante una presentación sobre los incentivos a la exploración de hidrocarburos a la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia). “El futuro del país está fuertemente asociado a los resultados, al trabajo y a la intensidad de la exploración que nos permita obtener reservas de gas, de petróleo y de crudo”. 

Detalló que 12 de las 104 áreas están asignadas a Petroandina SAM, que es una asociación entre PDVSA de Venezuela y YPFB. La petrolera estatal tiene el 60% de participación y PDVSA el restante 40%. “En los próximos días se va a inaugurar la exploración del primer pozo exploratorio (de Petroandina) en el departamento de Tarija, en Timboy. A fin de año vamos a iniciar la perforación de un segundo pozo en un departamento donde en este momento no existen hidrocarburos, que es el departamento de La Paz, vamos a perforar en Lliquimuni”. 

Según la presentación del titular de YPFB, 9 áreas están en aprobación, 4 en convenio energético, 8 en negociación, 4 en proceso de devolución, 9 en convenios de estudio, dos son áreas asignadas a YPFB Casa Matriz, 3 se están negociando con empresas, 2 están en elaboración de un plan. En la actualidad en el país hay 69 campos en producción, de las cuales 41 tienen contratos de operación en cuatro departamentos productores de hidrocarburos, los cuales fueron suscritos con las empresas petroleras que optaron por quedarse en Bolivia bajo las nuevas reglas de la nacionalización, indicó el titular de YPFB.

8.11.2013

Atentado contra Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias

Por: Higueras Saavedra Marcelo
Quiero compartir el sentimiento de una necesidad urgente de reflexión con todas/os los bolivian@s, evidentemente hay problemas políticos de inseguridad, entre otros, en nuestro país. Todo esto se viene dando en un año pre electoral. Pero más allá de estas situaciones, con éste artículo la intención es invitarlos a pensar sobre las últimas manifestaciones del gobierno sobre afectar las Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias, para utilizarlas en la exploración y explotación de Hidrocarburos. Desde nuestra óptica de ocurrir esto y con los antecedentes ambientales que desarrollaremos; realmente sería un atentado ambiental a estos lugares puesto que el Vicepresidente Álvaro García Linera reveló la determinación gubernamental de explorar y explotar hidrocarburos y gas natural en Áreas Protegidas del país.
·       
  Puntualizaciones
En abril de 2012, el Gabinete de Ministros del Gobierno, aprobó el Decreto Supremo 1203, en el cual se reservan 98 áreas para la exploración y explotación a favor de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos). De estas 98 áreas, son 8 las áreas que afectan a Parques Nacionales o Áreas Naturales de Manejo Integrado (ANMI) en el país.

En la inauguración del Congreso Internacional de YPFB (el 23 de mayo 2013), el Vicepresidente Álvaro García Linera, anunció las proyecciones para encaminar y consolidar la industrialización de los Recursos Naturales; como el gas natural, el litio, la energía eléctrica y la agroindustria, en lo que consideró “un ciclo largo de expansión y crecimiento”, posteriormente  el presidente de la Estatal Petrolera, Carlos Villegas declaró que el gobierno esta trabajando en una serie de medidas para facilitar las tareas de YPFB. “Queremos levantar los obstáculos”, y añadió que se reducirán los plazos para obtener la Licencia Ambiental, como los pasos para desarrollar las consultas previas con los Pueblos Indígenas. A nuestro criterio, las declaraciones emitidas por las mencionadas autoridades son ligeras y peligrosas; puesto, que para el caso de las Licencias Ambientales, aunque no se cumplan; existe toda una estructura de normativas e instrumentos de legislación y gestión ambiental.


A partir de un análisis por parte de la Fundación Jubileo apuntan que actualmente YPFB, involucra los siguientes proyectos de exploración en Áreas Protegidas:
1.         Reserva Nacional de Vida Silvestre Amazónica Manuripi
(Pando)
2.         Parque Nacional y Área Natural de Manejo IntegradoMadidi
(La Paz)
3.         Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Sécure
(Beni y Cochabamba)
4.         Parque Nacional Tunari
(Cochabamba)
5.         Parque Nacional Torotoro
(Cochabamba)
6.         Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Iñao
(Chuquisaca)
7.         Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía
(Tarija)
8.         Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe
(Tarija)

El 49% del territorio de Bolivia que corresponde a un área de 536.000 kilómetros cuadrados, tiene potencial gasífero y petrolero, pero sólo el 39% de esta área fue explorado. Las principales regiones se encuentran en los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba, Beni y La Paz.
·         Consideraciones Jurídicas para  Debatir el  Posible Atentado
Si hacemos hincapié en la razón de ser de las Áreas Protegidas, se fundamentan en la conservación de la biodiversidad; la cual es entendida como la diversidad de especies de vegetales, animales, microorganismos, ecosistemas y la variedad genética dentro de una misma especie; por lo general abarca tres niveles la biodiversidad genética, especies y ecosistemas.
Por tanto un Área Protegida es, “Una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales asociados y manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces” en el marco del Congreso Mundial de Áreas Protegidas.  
Los medios jurídicos en Bolivia, están desarrolladas a partir de la Constitución Política del Estado (CPE) y las Leyes vigentes que desarrollamos a continuación:
(CPE- Biodiversidad)

“Artículo 381. I. Son patrimonio natural las especies nativas de origen animal y vegetal. El Estado establecerá las medidas necesarias para su conservación, aprovechamiento y desarrollo.”
II. El Estado protegerá todos los recursos genéticos y microorganismos que se encuentren en los ecosistemas del territorio, así como los conocimientos asociados con su uso y aprovechamiento. Para su protección se establecerá un sistema de registro que salvaguarde su existencia, así como la propiedad intelectual en favor del Estado o de los sujetos sociales locales que la reclamen. Para todos aquellos recursos no registrados, el Estado establecerá los procedimientos para su protección mediante la ley.
“Artículo 382. Es facultad y deber del Estado la defensa, recuperación, protección y repatriación del material biológico proveniente de los recursos naturales, de los conocimientos ancestrales y otros que se originen en el territorio.”
“Artículo 383. El Estado establecerá medidas de restricción parcial o total, temporal o permanente, sobre los usos extractivos de los recursos de la biodiversidad. Las medidas estarán orientadas a las necesidades de preservación, conservación, recuperación y restauración de la biodiversidad en riesgo de extinción. Se sancionará penalmente la tenencia, manejo y tráfico ilegal de especies de la biodiversidad.”
(CPE - Áreas Protegidas)
“Artículo 385. I. Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.”
II. Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas.
(Ley del Medio Ambiente 1333)
“Artículo 60.- Las áreas protegidas constituyen áreas naturales con o sin intervención humana, declaradas bajo protección del Estado mediante disposiciones legales, con el propósito de proteger y conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, estético, histórico, económico y social, con la finalidad de conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país.”
“Artículo 65.- La definición de categorías de áreas protegidas así como las normas para su creación, manejo y conservación, serán establecidas en la legislación especial.”
(Decreto Supremo N° 24781-Reglamento General de Áreas Protegidas)
“Artículo 11.- Ninguna autoridad, organismo, sector o instancia administrativa podrá asumir, ignorar o sobrepasar la jurisdicción especial de las APs. Cuando las APs protegidas se encuentren en zonas de frontera, su protección será coordinada con las Fuerzas Armadas de la Nación en base a convenios. Si las APs incluyen yacimientos arqueológicos, paleontológicos, espeleológicos y otros, se coordinará su protección con la autoridad del ramo.”
“Artículo 12.- La ocupación ilegítima de APs no confiere ningún derecho a sus autores. Los Directores o responsables de las áreas deberán de inmediato efectuar las acciones penales o administrativas correspondientes contra quiénes ocupasen ilegítimamente un área, bajo responsabilidad.”
“Artículo 33.- En casos excepcionales y sólo cuando se declare de interés nacional mediante Decreto Supremo, se permitirá el aprovechamiento de recursos naturales renovables y no renovables y o el desarrollo de obras de infraestructura dentro de APs en el marco de la Ley del Medio Ambiente y disposiciones conexas. Si existiere riesgo de cambio en los objetivos de creación del área, será necesaria una Ley de la República.
Antes de iniciar las actividades, se deberán cumplir los requisitos establecidos en la Ley y Reglamentos ambientales, contemplando el plan de monitoreo y las acciones de mitigación del impacto a generarse.”


Las puntualizaciones anteriores, reflejan la parte normativa de la Ley del Medio Ambiente, Decreto Supremo de Reglamento General de Áreas Protegidas, entre otras no mencionadas; las cuales protegen y regulan el aprovechamiento sostenible, entre las que se encuentran por ejemplo; el Reglamento Ambiental para el Sector de Hidrocarburos, Ley de Derechos de la Madre Tierra, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y otras, sin embargo hay que recordar que no hemos dejado de ser un país extremadamente jurista y poco operativos en la implementación de Políticas Públicas prácticas.

·         Consideraciones Técnica para  Debatir el posible Atentado

Si vemos los antecedentes técnicos, solamente en el caso de la exploración de Hidrocarburos (Cuadro Nº 1), nos convenceremos de que las autoridades del sector hidrocarburifero del actual gobierno y de anteriores gobiernos poco o nada han cumplido sobre el tema, no realizan supervisiones adecuadas a las transnacionales para que cumplan la legislación  e implementación de los instrumentos  de Gestión Ambiental desarrollados y vigentes en el país.
En el 2011, el Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL), realiza la publicación de una valiosa información, referida al “Informe Completo Auditorias Petroleras julio 2006 - marzo 2007”, donde la parte medioambiental de las auditorias, ha pasado un tanto de desapercibida,  en vista que los excesos en la inversiones y los pagos de acciones han sido pioneras de análisis para los economistas en los medios de comunicación masivos a nivel nacional, sin embargo el respetado  Ing. Enrique Mariaca (+), había anunciado que la “nacionalización”   incluía dentro los Pasivos Ambientales que no han sido reparados por los verdaderos responsables, que son las (Empresas operadoras), en otras palabras, nos cargamos como país deudas ecológicas que se exponen en el siguiente cuadro:

DETALLE DE PASIVOS AMBIENTALES

Nro.
Operador
Campo
Cantidad
Monto Aproximado $us
Observación
1
Petrobras Bolivia
San Alberto
19
175.000
Proceder a la remediación inmediata, por ser proceso erosivo.
2
Pluspetrol Bolivia
Madrejones y otros
80
1.713.756
Pozos:
50 Abandonados.
18 por abandonar.
12 en reserva. 
3
Petrobras Bolivia
Sábalo
10
1.195.195
Áreas erosionadas  con deslizamiento y erosión severa.
4
Brithis Gas Bolivia
Escondido y otros
39
498.126
Erosiones y deslizamientos.
5
Total Bolivia
Itau e Incahuasi
16
133.927
29 pozos abandonados sin restauración ni cierre técnico.
6
Petrobras energía
Colpa y Caranda
29
1.063.720
29 pozos abandonados sin restaurar ni cierre técnico. 
7
Repsol YPF
Margarita y otros
60
10.338.627
Áreas erosionadas y deslizamientos.
8
Vintage Bolivia
Naranjitos y otros
25
7.221.046
Incumplimiento al PASA, adecuaciones y varias.
9
Chaco SA
Vuelta Grande y otros
50
2.750.450
Erosiones, cárcavas, deslizamientos y pozos abandonados.
10
Andina SA
Rio Grande y otros
153
30.261.800
151 Pozos abandonados, reconocidos por la Andina S.A. y otros. Suelos contaminados por vertimientos de hidrocarburos.
2 Fosas de residuos empetronados Camiri.
11
Transredes SA
Ductos y estaciones
Residuos empetronados
Sica, Sica
Abandono
Tiquipa, Estación
CRC, CAR y YBA
5.675.655
Pasivos heredados sin CERTIFICACIÓN, suelos contaminados Sica Sica sin TRATAMIENTO, y DDV en mal estado.  
TOTAL
481
61.027.302
Fuente: E. Mariaca Bilbao. 2006- 2007.  “Informe completo de las Auditorias Petroleras”, pág. 82. 


·         Sobre la Exploración en Áreas Protegidas

Evidentemente, en el país, uno de los  ingresos económicos fuertes es por concepto de excedentes de la venta de Recursos Naturales, en el caso particular los Hidrocarburos; por este motivo en el 2009, el gobierno presenta el  Plan de Desarrollo Energético y el Análisis de Escenarios: 2008-2027, enfocando el desarrollo a partir de la explotación de los Hidrocarburos  (Gas-Petróleo) y la generación de energía. En el mencionado plan, son inapropiadas las consideraciones ambientales; prácticamente pasan de desapercibidas. Una vez más se da una contradicción típica entre las normativas vigentes y las acciones concretas.
Por otra parte, en el caso de las TCOs y los Derechos de las Naciones Indígena Originarios, la vulneración ha pasado de una suerte de acciones escondidas a prácticas públicas. Consultado por el periódico “Oxigeno”, el señor. Adolfo Chávez, criticó la propuesta del presidente de YPFB Corporación, Ingeniero Carlos Villegas; acerca de la reducción de plazos en la obtención de la Licencia Ambiental y la Consulta Previa. “Si se haría eso, estaríamos en la misma lógica de los neoliberales, estaríamos corriendo esa suerte y estaríamos entrando en una confrontación o disputa legal ante el Tribunal Constitucional”.

A la fecha, se sabe por medios de comunicación, que la Estatal Petrolera informó de un equipo técnico conformado por YPFB y otras instituciones del Estado visitarán la Amazonia Brasilera para conocer las experiencias y trabajos petroleros en Áreas Protegidas, que son desarrollados con medidas preventivas de manera que no deterioren los ecosistemas.

Lo cierto es, que la zonificación y la ampliación de áreas de exploración todavía no  permite identificar qué áreas de interés hidrocarburífero serán otorgadas como áreas de contratos, para cambiar dicha situación tendría que modificarse y/o complementarse el Reglamento General de Áreas Protegidas, los instrumentos de gestión ambiental entre otros, en el marco de la Ley de Medio Ambiente y sus reglamentos.
A partir de este análisis me permito meditar, basado en  los pronunciamientos de altas autoridades de gobierno, las cuales entendemos están preparando una normativa que permita la libertad de exploración y explotación en Áreas Protegidas y TOCs; a la vez considero que las autoridades, no darán a conocer en el actual contexto pre-electoralista dicha normativa, sin embargo estos sucesos nos deben llamar la atención a todas y todos los bolivianos/as, para proteger y conservar nuestras Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias.
Por último, consideramos cualquier Actividad Obra o Proyecto  (AOP) es necesario y más cuando se trata de recursos que benefician  a todos las y los bolivianos, pero a la vez debemos pensar en las consecuencias ambientales a partir de los antecedentes expuestos. No se trata de oponerse desde una posición ecologista fundamentalista, sino de velar por un manejo más sostenible a largo plazo de los Recursos Naturales finitos a través de acciones es amigables con el medio ambiente.



Bibliografía
Constitución Política del Estado
Ley de Medio Ambiente 1333
Reglamento General de Áreas Protegidas
JP Flores / Investigador CEADL. (2013) Separata/ Invertir en la destrucción de los
Parques nacionales, áreas protegidas y tco`s*

7.26.2013






Científicos norteamericanos y europeos lograron captar la imagen de un agujero en el polo norte del Sol cuyo estudio ayudará a comprender el comportamiento del clima espacial. 

El fenómeno descubierto paralelamente por el Observatorio Estelar SOHO de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés) ya fue estudiado anteriormente y representa una región oscura y de baja intensidad de la atmósfera solar con temperaturas bajas, escribe el portal El Economista. 

Los científicos responsables del estudio dijeron que estos agujeros son una característica típica del Sol que surge en distintos lugares y a menudo en diferentes momentos de su ciclo. Cuando el ciclo de actividad del astro se incrementa (lo cual ocurre actualmente) el número de agujeros de la corona disminuye. 

Por el contrario, durante los periodos de baja actividad, se detectan agujeros de grandes dimensiones. Las particularidades del evento contribuirán a comprender mejor el clima espacial, puesto que son la fuente del viento de alta velocidad que transporta las partículas solares que circulan alrededor del Sol. 

 RT 

 Fuente: http://actualidad.rt.com/ciencias/view/100964-agujero-solar-ciencia-nasa-clima-espacial

El deshielo del Ártico nos podría salir caro


ABC.- Las emisiones de metano causadas por el deshielo en el Ártico pueden tener un impacto económico equivalente al tamaño de la economía mundial en 2012, según publica hoy la revista científica británica «Nature». 

El estudio, realizado por investigadores de las universidades deRotterdam (Holanda) y Cambridge (Inglaterra), calcula que la liberación de metano provocada por la fusión del permafrost, la capa de hielo permanente en la superficie, podría costar un promedio de 60 billones de dólares. 

No obstante, los científicos aseguran que si se tienen en cuenta otros impactos ambientales como la acidificación de los océanos, el coste sería mucho más alto, lo que superaría los 70 billones de dólares en los que se valoró la economía global el pasado año. 

La zona a la que hace referencia la investigación, situada en el mar de Siberia Oriental frente al norte de Rusia, ha sido estudiada durante más de diez años a medida que su capa de permafrost se ha ido descongelando hasta liberar 50 gigatones de metano. 

«El impacto global del calentamiento del Ártico es una bomba de relojería económica», dijo Gail Whiteman, uno de los científicos que encabeza el estudio. Según el informe, el 80 % de este impacto tendría que ser soportado por los países en vías de desarrollo, ya que son los que experimentan las condiciones meteorológicas más extremas causadas por el cambio climático, como las inundaciones y las sequías. 

Con estos resultados, los investigadores pretenden hacer un llamamiento al Foro Económico Mundial para que evalúe los costes reales del deshielo del Ártico e incite a que los líderes mundiales «consideren estos impactos más allá de las ganancias a corto plazode la extracción de petróleo y gas» de la zona. 

«La inminente desaparición del hielo oceánico en el Ártico tendráenormes implicaciones tanto para la aceleración del cambio climático como para las economías y sociedades globales», añadió Whiteman. Aunque la investigación sólo se centra en una pequeña fracción de toda la acumulación de metano que podría haber en el Ártico, para los científicos estas cantidades son suficientes para conllevar drásticos cambios en el clima.

Julio 2013

7.16.2013

BID: Futuro energético para AL en 2050

El potencial energético procedente de los recursos naturales de América Latina es tal que sería suficiente para cubrir en más de 22 veces la demanda eléctrica de la región en 2050, de acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentado este martes en Bogotá (Colombia). 

El informe, repensando nuestro futuro energético, defiende la viabilidad económica, las oportunidades de inversión y los beneficios sociales derivados de la diversificación de fuentes de energía distintas a las derivadas de recursos fósiles y advierte de la necesidad de eliminar las actuales barreras institucionales del mercado para garantizar un cambio de modelo energético que los responsables del informe consideran vital para mitigar los efectos del cambio climático en el hemisferio. 

El informe del BID estima que los recursos solares, geotérmicos, mareomotrices, eólicos y la biomasa disponibles en América Latina podrían producir hasta 80 petavatios/hora de electricidad -un petavatio/hora equivale a un billón de kilovatios/h, casi tres veces el consumo anual de México-. En la actualidad la región genera 1,3 petavatios/hora de electricidad y para el 2050 se espera que la demanda regional, teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la mejora de su calidad de vida, crezca entre 2,5 a 3,5 petavatios/hora.

"El potencial de energía renovable de América Latina es sustancial y suficiente para saciar todas las necesidades de energía eléctrica varias veces", explica en conversación telefónica Walter Vergara, jefe de energía sostenible y cambio climático del BID y uno de los autores del estudio. "Estos recursos son inagotables y están a disposición de las siguientes generaciones, pero lo importante es empezar a usarlos ya para evitar los problemas ambientales ocasionados por los combustibles fósiles", advierte. En la actualidad, el 52% de la energía producida en América Latina proviene de recursos renovables, lo que sitúa a la región en una posición de privilegio, frente al 18% del resto del mundo. 

Pese a estas cifras optimistas, el documento advierte de que la inversión en tecnologías no renovables en este hemisferio todavía es modesta. De los 224.000 millones de dólares de inversión global en este tipo de energía contabilizados en 2012, la representación de América Latina solo alcanzó el 5,4%. 

Vergara desmiente la teoría de que la tecnología para el desarrollo de estas fuentes de energía alternativas a las tradicionales no sean competitivas o rentables. "Desde el punto de vista financiero, estas tecnologías son cada vez más atractivas y su coste está descendiendo. Además, hay que fijarse en los beneficios sociales de utilizar estos recursos, que son considerables para el Estado y para la sociedad en general", señala. En el estudio se defiende el impacto positivo de la inversión en las energías renovables tradicionales y no tradicionales -"los puestos de trabajo generados triplican a los procedentes de las energías fósiles"- y el potencial de atraer recursos de inversión -"seis billones de dólares entre 2012 y 2035", señala el documento-. El informe detalla en una tabla los beneficios sociales y la reducción de costos que se derivan de sustituir las fuentes de energía tradicional por otras renovables como la fotovoltaica que concluye que se obtendrían 77,5 dólares por cada 500 megavatios/hora generados. 

Vergara es consciente de la importancia y la dependencia de la industria petrolífera y del carbón en la región y reconoce que sus intereses pueden suponer un obstáculo al cambio de modelo energético que promueve el BID. El informe advierte de que la regulación del mercado energético está predispuesta a favor de las tecnologías relacionadas con los combustibles fósiles y que minimiza su impacto negativo en la sociedad. "El nuevo mercado necesita atajar estos dos problemas para poder realojar de manera eficiente los recursos escasos. Esto implica cambios en el propio mercado, en las reglas, en el diseño de las redes y en la aplicación de nuevas políticas", señala el informe. "Yo tengo muy claro que el uso de combustibles fósiles es insostenible y que no puede seguir al mismo ritmo ni de la misma manera que en el pasado porque América Latina se enfrenta a un problema muy urgente que es el cambio climático y que va a afectar a nuestras próximas generaciones", sostiene Vergara. 

"Los impactos en la región ya son pavorosos: el deshielo de los glaciares, las inundaciones, la sequía... El cambio no es fácil, pero es necesario y, afortunadamente, América Latina cuenta con recursos para cambiar la dirección". 

 PAÍSES EJEMPLO 

El informe cita a México en varias ocasiones como ejemplo del éxito y el avance en políticas a favor del desarrollo de las energías renovables tradicionales y no tradicionales, pero Walter Vergara, uno de los autores del texto, destaca otros Estados. México. 

"Es un buen ejemplo. Tiene una agenda de cambio climático, tiene un programa de diversificación energética, tiene un gran potencial térmico y eólico. Están adoptando acciones y tienen un interés empresarial y ganas de invertir dinero en las nuevas tecnologías. Uruguay. "Se trata de un Estado que ha tenido la fortaleza y la decisión de decir 'no más' a los combustibles fósiles". Costa Rica. "Ha anunciado que quieren ser una economía de carbono neutral a corto plazo". Chile. "Ha aprobado una Ley de Energía Renovable para que en 2020 el 20% de la matriz energética sea renovable". 

Fuente: elpaís.com

El precio del progreso

Por Boaventura de Sousa Santos Doctor en Sociología del Derecho por la Universidad de Yale y catedrático de Sociología en la Universidad de Coímbra Con la elección de la presidenta Dilma Roussef, Brasil quiso acelerar el paso para convertirse en una potencia global. Muchas de las iniciativas en ese sentido venían de atrás, pero tuvieron un nuevo impulso: 

Conferencia de la ONU sobre el Medio Ambiente, Rio+20 en 2012, Mundial de Fútbol en 2014, Juegos Olímpicos en 2016, lucha por un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, papel activo en el creciente protagonismo de las "economías emergentes", los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y África del Sur), nombramiento de José Graziano da Silva como director general de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en 2012 y de Roberto Azevedo como director general de la Organización Mundial del Comercio a partir de 2013, una política agresiva de explotación de los recursos naturales, tanto en Brasil como en África, principalmente en Mozambique, fomento de la gran agricultura industrial, sobre todo para la producción de soja, agrocombustibles y la cría de ganado. 

Beneficiado por una buena imagen pública internacional granjeada por el presidente Lula y sus políticas de inclusión social, este Brasil desarrollista se impone ante el mundo como una potencia de nuevo tipo, benévola e inclusiva. No podía, pues, ser mayor la sorpresa internacional ante las manifestaciones que en la última semana sacaron a la calle a centenares de miles de personas en las principales ciudades del país. 

Si ante las recientes manifestaciones en Turquía la lectura sobre las "dos Turquías" fue inmediata, en el caso de Brasil fue más difícil reconocer la existencia de "dos Brasiles". Pero está ahí a ojos de todos. La dificultad para reconocerla reside en la propia natureza del "otro Brasil", un Brasil furtivo a análisis simplistas. 

Ese Brasil está hecho de tres narrativas y temporalidades. La primera es la narrativa de la exclusión social (uno de los países más desiguales del mundo), de las oligarquías latifundistas, del caciquismo violento, de las élites políticas restrictas y racistas, una narrativa que se remonta a la colonia y se ha reproducido sobre formas siempre mutantes hasta hoy. 

La segunda narrativa es la de la reivindicación de la democracia participativa, que se remonta a los últimos 25 años y tuvo sus puntos más altos en el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1988, en los presupuestos participativos sobre políticas urbanas en centenares de municipios, en el impeachment del presidente Collor de Mello en 1992, en la creación de consejos de ciudadanos en las principales áreas de políticas públicas, especialmente en salud y educación, a diferentes niveles de la acción estatal (municipal, regional y federal). 

La tercera narrativa tiene apenas diez años de edad y versa sobre las vastas políticas de inclusión social adoptadas por el presidente Lula da Silva a partir de 2003, que condujeron a una significativa reducción de la pobreza, a la creación de una clase media con elevada vocación consumista, al reconocimiento de la discriminación racial contra la población afrodescendiente e indígena y a las políticas de acción afirmativa, y a la ampliación del reconocimiento de territorios y quilombolas [descendientes de esclavos] e indígenas. 

Lo que sucedió desde que la presidenta Dilma asumió el cargo fue la desaceleración o incluso el estancamiento de las dos últimas narrativas. Y como en política no existe el vacío, ese terreno baldío que dejaron fue aprovechado por la primera y más antigua narrativa, fortalecida bajo los nuevos ropajes del desarrollo capitalista y las nuevas (y viejas) formas de corrupción. Las formas de democracia participativa fueron cooptadas, neutralizadas en el dominio de las grandes infraestructuras y megaproyectos, y dejaron de motivar a las generaciones más jóvenes, huérfanas de vida familiar y comunitaria integradora, deslumbradas por el nuevo consumismo u obcecadas por el deseo de éste. 

Las políticas de inclusión social se agotaron y dejaron de responder a las expectativas de quien se sentía merecedor de más y mejor. La calidad de vida urbana empeoró en nombre de los eventos de prestigio internacional, que absorbieron las inversiones que debían mejorar los transportes, la educación y los servicios públicos en general. El racismo mostró su persistencia en el tejido social y en las fuerzas policiales. Aumentó el asesinato de líderes indígenas y campesinos, demonizados por el poder político como "obstáculos al crecimiento" simplemente por luchar por sus tierras y formas de vida, contra el agronegocio y los megaproyectos mineros e hidroeléctricos (como la presa de Belo Monte, destinada a abastecer de energía barata a la industria extractiva). 

La presidenta Dilma fue el termómetro de este cambio insidioso. Asumió una actitud de indisimulable hostilidad hacia los movimientos sociales y los pueblos indígenas, un cambio drástico respecto a su antecesor. Luchó contra la corrupción, pero dejó para los aliados políticos más conservadores las agendas que consideró menos importantes. Así, la Comisión de Derechos Humanos, históricamente comprometida con los derechos de las minorías, fue entregada a un pastor evangélico homófobo, que promovió una propuesta legislativa conocida como cura gay. 

Las manifestaciones revelan que, lejos de haber sido el país que se despertó, fue la presidenta quien se despertó. Con los ojos puestos en la experiencia internacional y también en las elecciones presidenciales de 2014, la presidenta Dilma dejó claro que las respuestas represivas solo agudizan los conflictos y aislan a los gobiernos. En ese sentido, los alcaldes de nueve capitales ya han decidido bajar el precio de los transportes. Es apenas un comienzo. Para que sea consistente, es necesario que las dos narrativas (democracia participativa e inclusión social intercultural) retomen el dinamismo que ya habían tenido. Si fuese así, Brasil mostrará al mundo que sólo merece la pena pagar el precio del progreso profundizando en la democracia, redistribuyendo la riqueza generada y reconociendo la diferencia cultural y política de aquellos que consideran que el progreso sin dignidad es retroceso. 

 Fuente: www.blogs.publico.es